(Viñeta de Juan Carlos Contreras)
Ya que se va a limitar en la Constitución el tope de gasto, o sea, la deuda pública máxima que se puede emitir y suscribir, conviene que sepamos cuál es el punto de partida real, porque para muchos las cuentas del estado y demás administraciones públicas son tan malas en nuestro país, que hace falta limitar la deuda en su crecimiento a toda costa.
La limitación, considerada de una forma aislada, podría ser correcta. Excesos como los de los aeropuertos de Ciudad Real y Castellón, o algunas líneas de AVE de Castilla-La Mancha absolutamente deficitarias, nos los podríamos haber ahorrado. El problema es que, si la comparamos con la deuda privada, actualmente ésta es el triple de aquélla, mientras que en 1995 estaba casi igualada, según el gráfico de la parte inferior. Y mientras respecto de la pública se va a limitar su crecimiento, en cuanto a la privada, la de empresas y hogares, no se va a hacer absolutamente nada., supuestamente porque no hace falta. Por tanto, el impacto que va a tener la medida es mínimo, según avisan ya algunos expertos.
Empresas y hogares se acostumbraron a los créditos baratos. Nada de aquellos préstamos hipotecarios a 15 años (sí, 15 años) que devolvieron religiosamente nuestros padres pagando un interés del 15-16%, no. En los últimos años de la década de los '90 y todo el dos mil, los intereses bancarios disminuyeron hasta en un cuatrocientos por cien. El dinero se daba prácticamente gratis, se devolvía casi sin intereses. Y todo el mundo se acostumbró a gastar el dinero que no tenía. ¿Que apetecía cambiar de coche? Ningún problema: se iba al banco y se pedía el 100% de su importe, más el del seguro a todo riesgo, y ya estaba.
Si comparamos la zona azul y la zona roja del gráfico de la parte inferior se verá el profundo desfase entre los dos tipos de deuda, sí. Lo que no se ve, pero existe también, es un sistema de vasos comunicantes entre las dos. Porque la deuda privada puede transformarse en pública, a poco que los impagos y la morosidad aumenten ostensiblemente y pongan en el disparadero al banco o caja de ahorros de turno, que inmediatamente pedirían ayuda al Estado, pasando de este modo a convertirse la deuda privada en pública.
Por eso, si se quiere poner un límite a la deuda, tendrá que ser a las dos modalidades, no a una sí (la pública) y a otra no (la privada). Y como los bancos han demostrado su incapacidad para seleccionar bien a los pagadores de sus deudas, por el afán que hubo de prestarle a todo el mundo para no perder cuota de mercado, viendo que la deuda privada se puede convertir en pública, debería haber un control, público también, en la concesión de préstamos y créditos privados, para que esto no se vuelva a repetir. Se dirá que bastante mal está ya el crédito como para ponerle controles públicos, pero si el crédito a hogares y empresas está mal, ha sido porque banqueros y bancarios no han actuado bien; han dado préstamos sin ton ni son, quejándose ahora del aumento de la morosidad... Lógicamente. ¿Qué si no iba a haber?
Además, deberá haber otro control, asimismo público, de retribuciones y emolumentos de los responsables de bancos y cajas. Pero control real... Y todo eso, a la Constitución también. O por lo menos a la Ley Orgánica que desarrollará este engendro hecho de prisa y corriendo, después de decírsenos durante décadadas que las reformas de la Constitución estaban vedadas. No lo estaban para esto...
Que pongan otra urna el 20-N y decidamos lo que queremos.
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