Wikileaks y la Fiscalía española

 

              Los que creíamos en cierta independencia, tampoco tanta, de los fiscalía española, vamos a tener que poner tal creencia junto a la del Ratoncito Pérez, Papá Noël y los Reyes Magos de Oriente. Tantos años disfrutando con la literatura de John Le Carré, pero a la vez creyendo que exageraba, para comprobar que no era así: que la realidad, de nuevo, supera a la ficción.

            Que los embajadores norteamericanos tengan reuniones con sus homólogos diplomáticos españoles y les expresen sus reticencias en determinados asuntos que les afecten, entra dentro del juego legítimo de las relaciones internacionales. Pero que alguno de los citados –el embajador Aguirre- diga en esas conversaciones “Se me está acabando la paciencia” con el tono chulesco que empleaba Wyatt Earp en Tombstone segundos antes de desenfundar el Colt 45 frente a un malhechor, pone los pelos de punta, a la vez que produce una profunda decepción.

            Que los fiscales Fungairiño y Zaragoza, como también el fiscal general del Estado, hayan sido correveidiles de tales embajadores o de sus “diplomáticos”, en asuntos tan trascendentes como el de José Couso, los vuelos de la Cia o el de los presos de Guantánamo, lleva a la conclusión de que tenemos una justicia mediatizada por agentes al servicio de una potencia extranjera. Sin empacho alguno, Conde-Pumpido dice que son “normales” esas actuaciones, mientras que ni él ni nadie explican por qué los familiares de José Couso recibían palmaditas en la espalda y toda clase de parabienes y compromisos de impulsar el procedimiento por la muerte del reportero, cuando a la vez los mismos fiscales a renglón seguido hacían justo lo contrario a requerimiento de los norteamericanos: esto es, solicitar el archivo de las actuaciones que se tramitaban ante la Audiencia Nacional contra los militares norteamericanos acusados de disparar desde aquel carro de combate en Bagdad.

            Otros “cables” son más inquietantes aun si cabe, como el que afirma que el Fiscal Zaragoza se comprometió ante los norteamericanos a procurar “por todos los medios” que el Caso Guantánamo no cayera en manos del Juez Garzón, cosa que en efecto no llegó a ocurrir, porque le tocó en Marzo de 2009 a su compañero Eloy Velasco. Los que creíamos que había unas normas de reparto en la Audiencia Nacional, nos preguntamos ahora si el susodicho Fiscal-Jefe de ese órgano tiene capacidad para alterar dónde caía ese asunto. Según sus propias palabras, quien afirme que tal capacidad existe, no está yendo más allá de la buena fe. Como tampoco ocurriría nada si alguien promoviera una investigación exhaustiva, abarcando a la procedencia de su patrimonio y extensiva a otros funcionarios obedientes a Washington. Sí que una querella por torturas le correspondió a Garzón en Abril de 2009, que empezó a instruirla recabando la colaboración del gobierno norteamericano sin éxito ninguno, hasta que poco después, en mayo de 2010 fue suspendido aprovechándose para ello del caso sobre las Víctimas del Franquismo, en el cual, por cierto, actuó en la Audiencia con gran celo el mismo fiscal Zaragoza… ¿Casualidad?

A partir de ahora, ¿qué vamos a pensar cuando nos citen el Art. 124.1º de la Constitución y nos digan que los fiscales tienen como misión  la de “…promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”?  Habrá toda clase de respuestas, y alguna de ellas será la de decir que se preocupan por el “interés social”, sí, pero el estadounidense. 

            No quiero ni pensar en el alcance final y total que puede tener lo que está saliendo en estos días, pero si solo salpicara, como parece, al Fiscal General del Estado, a varios fiscales relevantes y a algún miembro del Gobierno, será un precio liviano  a pagar.

            La familia de José Couso probablemente emprenda algún tipo de acción legal contra los fiscales encargados del caso, y aunque el nuevo procedimiento podría ser torpedeado por los compañeros a quienes les correspondiera impulsar la instrucción del nuevo procedimiento, la sombra de duda que se ha extendido sobre la fiscalía puede que tarde años en despejarse.

Parte Amistoso

 

Ahora que tenemos a nuestros hospitales en obras, que parecen que les van a poner tranvía hasta la puerta, me viene a la cabeza un hecho que siempre me llamó la atención. Se trataba de que, cuando tenía algún pleito de construcción y era preciso demandar a arquitectos y aparejadores por su posible responsabilidad, éstos, los profesionales, apenas se defendían; no tenían ninguna picardía en sus contestaciones cuando se les interrogaba. Les daba igual que los condenaran o que les absolvieran, porque no iban a ser ellos los que pagaran ni sufragaran las posibles reparaciones y sus indemnizaciones, sino su compañía aseguradora, a la que por cierto todos abonan importantes primas. Si resultaban absueltos, la mayor parte de las veces era por el notabilísimo mérito de sus defensores que son también asesores de los Colegios respectivos, y unos excelentes profesionales por cierto.

Diríase que arquitectos y aparejadores trasladaron a su modus vivendi la posibilidad o el riesgo de ser demandados por el ejercicio de su profesión, de un modo parecido a como si tuvieran un leve accidente de tráfico y hubiera daños a otro vehículo. Se rellena el parte amistoso, y en paz. “Que pague la compañía, que para eso está y a mí me cuesta un buen dinero el seguro”, parecían pensar...

Esa condena en absoluto influía en perder trabajos o proyectos; seguían trabajando, y los promotores eran los primeros que lo consideraban como gajes del oficio. Venían a decir con su actitud que siempre hay algo en la construcción que no sale bien: o unas grietas que afean la fachada, o una rampa de acceso al garaje que es demasiado estrecha, o alguna filtración que no se sabe bien atajar o mil cosas más.

Tan sabio proceder no está extendido a todas las profesiones cuyo desempeño es capaz de producir de forma bienintencionada un daño en otros. Pero a la que menos extendido está, es sin duda a la profesión médica. Si es difícil ser arquitecto o aparejador, desde luego más difícil es ser médico. “En medicina dos y dos no son cuatro”, se apresuran a decir los facultativos; aunque a veces salen cuarenta y cuatro...

Si aceptamos que cuanto más difícil es aprender y ejercer una determinada disciplina más fácil será cometer errores, tendremos que aceptar también que donde más se producen es precisamente en el campo de la medicina. O eso me llegó a reconocer un importante neuropediatra de Madrid; en privado, naturalmente…

Siempre me llamó la atención, digo, la nula -que no escasa- disposición de los médicos a reconocer un error, pese a que muchos de ellos vienen forzados por las malas prácticas que les imponen los gerentes de los hospitales (o sea por las presiones y los objetivos desmesurados que les intentan hacer cumplir), u otras circunstancias como fallos en el personal subordinado. Por ejemplo, en cuanto a lo primero, no se puede examinar detenidamente un feto realizándole una ecografía a la madre durante la gestación, si se emplean en ello dos minutos; se necesitan treinta (30) según los Protocolos de la SESEGO (la “Sección de Ecografía de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia”) para reducir los errores al mínimo. ¿Y a qué embarazada le han hecho en Seguridad Social una ecografía de media hora? Pues a ninguna… Y en cuanto a lo segundo, me contaba un excelente médico que a veces, cuando envían sangre al laboratorio para ser analizada y detectar algún tipo de infección, en no pocos casos el tubo se ha quedado olvidado en el bolsillo de la bata de algún celador, estropeándose la muestra y siendo necesario repetirla horas después. Pero esto ellos no lo dicen, ni lo trasladan al paciente o a sus familiares –incluso asociaciones-. Algunos incluso asumen las culpas del sistema sanitario o de otros, cuando no afirman sin más aquello del “yo no me equivoco”. En este punto demuestran ser poco inteligentes. 

Mientras los médicos no asuman la “cultura del parte amistoso”, seguirá habiendo situaciones kafkianas como la de sufrir el daño por una mala atención sanitaria, puede que no estrictamente médica –ya digo-, y sin embargo dar lugar a que la familia batalle en los tribunales durante años, a menudo sin éxito, por la dificultad en obtener buenos dictámenes facultativos contrarios al proceder “correcto” del actuante y por la propia inercia de algunos tribunales en aplicar doctrinas contrarias a la del Tribunal Supremo exigiendo la demostración palpable de la culpa…

Es para pensar, vaya.