Los que creíamos en cierta independencia, tampoco tanta, de los fiscalía española, vamos a tener que poner tal creencia junto a la del Ratoncito Pérez, Papá Noël y los Reyes Magos de Oriente. Tantos años disfrutando con la literatura de John Le Carré, pero a la vez creyendo que exageraba, para comprobar que no era así: que la realidad, de nuevo, supera a la ficción.
Que los embajadores norteamericanos tengan reuniones con sus homólogos diplomáticos españoles y les expresen sus reticencias en determinados asuntos que les afecten, entra dentro del juego legítimo de las relaciones internacionales. Pero que alguno de los citados –el embajador Aguirre- diga en esas conversaciones “Se me está acabando la paciencia” con el tono chulesco que empleaba Wyatt Earp en Tombstone segundos antes de desenfundar el Colt 45 frente a un malhechor, pone los pelos de punta, a la vez que produce una profunda decepción.
Que los fiscales Fungairiño y Zaragoza, como también el fiscal general del Estado, hayan sido correveidiles de tales embajadores o de sus “diplomáticos”, en asuntos tan trascendentes como el de José Couso, los vuelos de la Cia o el de los presos de Guantánamo, lleva a la conclusión de que tenemos una justicia mediatizada por agentes al servicio de una potencia extranjera. Sin empacho alguno, Conde-Pumpido dice que son “normales” esas actuaciones, mientras que ni él ni nadie explican por qué los familiares de José Couso recibían palmaditas en la espalda y toda clase de parabienes y compromisos de impulsar el procedimiento por la muerte del reportero, cuando a la vez los mismos fiscales a renglón seguido hacían justo lo contrario a requerimiento de los norteamericanos: esto es, solicitar el archivo de las actuaciones que se tramitaban ante la Audiencia Nacional contra los militares norteamericanos acusados de disparar desde aquel carro de combate en Bagdad.
Otros “cables” son más inquietantes aun si cabe, como el que afirma que el Fiscal Zaragoza se comprometió ante los norteamericanos a procurar “por todos los medios” que el Caso Guantánamo no cayera en manos del Juez Garzón, cosa que en efecto no llegó a ocurrir, porque le tocó en Marzo de 2009 a su compañero Eloy Velasco. Los que creíamos que había unas normas de reparto en la Audiencia Nacional, nos preguntamos ahora si el susodicho Fiscal-Jefe de ese órgano tiene capacidad para alterar dónde caía ese asunto. Según sus propias palabras, quien afirme que tal capacidad existe, no está yendo más allá de la buena fe. Como tampoco ocurriría nada si alguien promoviera una investigación exhaustiva, abarcando a la procedencia de su patrimonio y extensiva a otros funcionarios obedientes a Washington. Sí que una querella por torturas le correspondió a Garzón en Abril de 2009, que empezó a instruirla recabando la colaboración del gobierno norteamericano sin éxito ninguno, hasta que poco después, en mayo de 2010 fue suspendido aprovechándose para ello del caso sobre las Víctimas del Franquismo, en el cual, por cierto, actuó en la Audiencia con gran celo el mismo fiscal Zaragoza… ¿Casualidad?
A partir de ahora, ¿qué vamos a pensar cuando nos citen el Art. 124.1º de la Constitución y nos digan que los fiscales tienen como misión la de “…promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”? Habrá toda clase de respuestas, y alguna de ellas será la de decir que se preocupan por el “interés social”, sí, pero el estadounidense.
No quiero ni pensar en el alcance final y total que puede tener lo que está saliendo en estos días, pero si solo salpicara, como parece, al Fiscal General del Estado, a varios fiscales relevantes y a algún miembro del Gobierno, será un precio liviano a pagar.
La familia de José Couso probablemente emprenda algún tipo de acción legal contra los fiscales encargados del caso, y aunque el nuevo procedimiento podría ser torpedeado por los compañeros a quienes les correspondiera impulsar la instrucción del nuevo procedimiento, la sombra de duda que se ha extendido sobre la fiscalía puede que tarde años en despejarse.
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